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Anibal Fernández

12.10.12

Intervención del diputado nacional Fabián Ríos (PJ)

El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
(Versión taquigráfica)
 
Sr. Ríos.- Señora presidenta: el señor miembro informante ha efectuado un análisis presupuestario contemplando, por oposición, cuáles son los caminos y los métodos a seguir para desarrollar lo que para el gobierno implica un plan de acción para el 2013, siempre en la misma línea de convicción ideológica y de acción en cuanto a las cosas que se van proponiendo. Además, debemos tener en cuenta lo que se ha ido concretando.
 
Tenemos un esquema internacional definido que ha sido objeto de un análisis profundo por parte del ministro de Economía y del viceministro de la misma área. Han dicho que el contexto internacional genera una serie de externalidades que por ahí no son administradas y tienen que generar –por sobre todas las cosas‑pretensiones, audacias y decisiones que apunten a defender a los argentinos en esta coyuntura que se manifiesta como muy compleja.
 
Tengo un razonamiento propio porque lo he vivido luego del debate profundo que tuvo este Parlamento como consecuencia de la Resolución 125. Más allá de los planteos que se efectuaron, comenzaron a rozarse criterios de federalismo alejados de lo que nosotros entendemos por federalismo solidario.
 
En la discusión de la Resolución 125 había representantes de provincias que pertenecen al núcleo central sojero de la República Argentina que defendieron el carácter devolutivo de los ingresos. Es decir que aquellas provincias que más potencial tenían en término de riqueza, pretendían que fuera directamente trasladada a su territorio, alejándose del criterio que intentó llevar adelante la coparticipación federal, que consistía en que las zonas más desfavorecidas fueran compensadas por las que pertenecían al núcleo naturalmente favorecido. Se buscaba que esa redistribución del ingreso en términos geográficos generase igualdad de oportunidades, con cada uno viviendo en el lugar donde nació.
 
La discusión por la Resolución 125 fue tomando fortaleza con el transcurrir del tiempo, ya que lo que parecía un país integrado por provincias pasó a conformarse casi como en una confederación, donde todos pretendían no ceder absolutamente nada, y los que tenían poco debían quedarse mirando de afuera. 
 
        
Gran parte de los argumentos escuchados en la reunión de comisión rozan ese tipo de criterio.
Nosotros tenemos criterios diferentes que van en línea con lo que el gobierno toma como eje central de su política en términos económicos, políticos, sociales y de equidad. Cuando se habla de la concentración de los recursos en el manejo del gobierno nacional, en muchos casos esa discusión está enfocada a que, en realidad, existe una redistribución del ingreso en términos geográficos que es administrada por el propio gobierno nacional, generando mayores oportunidades en aquellas zonas del país menos desarrolladas y que no siempre encuentran la comprensión de los representantes de las zonas más desarrolladas y con mayores potencialidades de riqueza.
 
Este presupuesto también grafica eso. Muchos conceptos entran en contraposición con esto, porque cuando hablamos de zonas como el NEA –mi región-, Corrientes –mi provincia- o el NOA, que tienen una brecha importante en términos de desarrollo, empezamos a tirar condimentos que tienen que ver con el tipo de cambio, con las exportaciones; y nosotros estamos defendiendo a un núcleo poblacional importante, grande, que tiene que estar presente en estas discusiones, que en realidad lo que necesita es el auxilio del Estado, porque no son grandes exportadores ni grandes cordones industriales.
 
Necesitan la mano del Estado para abandonar inclusive la economía del subsuelo. Se monetizan en pesos; no son aquellos que van al sistema financiero o se llevan divisas al exterior, sino que tienen plata en el bolsillo y van al supermercado, al almacén, a la frutería o a la panadería a disponer de sus recursos y así reactivan la economía que nosotros necesitamos que se reactive, que es la economía doméstica, la de todos los días, la que funciona, la que evoluciona, la que da mayores ingresos al almacenero, al quiosquero, al frutero, al agricultor y al campesino, porque la gente consume.
La riqueza aglutinada en el Banco Central como reserva o en el sistema financiero con enorme liquidez no sirve absolutamente para nada. El dinero que realmente tiene un efecto de impacto sobre la economía es el que está en el bolsillo de los trabajadores y de la gente que lo necesita, que es la gente que realmente reactiva la economía. El otro ciclo económico en muchos casos especula en su propio beneficio o en el de su propio sector y, como siempre, genera el efecto que hemos tenido y que hoy requiere medidas extraordinarias para su protección: es el que tiene que ver con el hecho de la fuga de divisas.
 
La fuga de divisas está generada por sectores concentrados de la economía que van a protegerse al exterior, dejando afuera al 50 por ciento ‑o más‑ de la población argentina, que no tiene dónde ir a protegerse y depende sólo del dinero que recibe como asalariado, como productor o como comerciante, para poder seguir subsistiendo y alimentando a su familia.
Estas son las dos cosas que, básicamente, entran en colisión cuando discutimos estas cuestiones. ¿Cuál es el lugar en el que yo me pondría? Hablo desde una provincia que, en cumplimiento del viejo pacto fiscal de la década del 90, cedió el 15 por ciento de sus recursos para el sistema previsional argentino. No cedió su caja provincial; la mantuvo. Hoy yo tendría que entrar en esta disputa de la devolución del 15 por ciento, como lo hizo Córdoba o como lo plantea Santa Fe, o tendría que mirar qué frutos rinde ese 15 por ciento en términos de gente de mi provincia que tiene una economía que funciona en la subeconomía, prácticamente en un 50 por ciento.
 
El 15 por ciento que cedió la provincia de Corrientes al hoy llamado Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA- le permitió duplicar la cantidad de jubilados. A una provincia que estructuralmente tenía al trabajo “en negro”como eje central, por ser fundamentalmente una economía “en negro”, le permitió, a partir de la moratoria previsional, duplicar la cantidad de jubilados que hoy cobran jubilación nacional desde la ANSES y que se actualiza en forma automática dos veces por año.
Ese 15 por ciento le está permitiendo dar cobertura a más de 60.000 madres con asignación universal por hijo; más de 100.000 chicos que recuperaron una cuestión básica, que no era la tasa de interés ni la capacidad de préstamo ni la libertad para comprar divisas; recuperaron un interés mucho más grave y sencillo, que su mamá tenga unos pesos más en el bolsillo para comprar las zapatillas, el cuaderno, el lápiz y un guardapolvo para ir dignamente a la escuela. Se trata de dos cuestiones tan distantes y tan absolutamente no conjugables en momentos de la discusión política.
 
Si hablamos en términos de dinero, la provincia de Corrientes ha podido, con ese 15 por ciento, redondear este año ingresos por 700 millones de pesos, que supuestamente cedió en la década del 90.
Si a eso se suma las madres que cobran asignación, los nuevos jubilados con las actualizaciones, e incluso las netbooksque reciben los chicos de escuelas rurales –que nunca soñaron contar con esos elementos en la mano-, los ingresos para Corrientes son de 1.300 millones de pesos y casi duplican el 15 por ciento que la provincia cedió al SIPA, que hoy sustenta al cuerpo social de la provincia en términos de federalismo y de igualdad de oportunidades.
 
Tal vez no es plata que vaya al gobernador para que éste después disponga su destino, pero sí pasa por el criterio de la concepción original de que el dinero vaya al bolsillo de los trabajadores, de los asalariados y de los desocupados, personas que están al margen de cualquier oportunidad, y esto para nosotros tiene un valor importante. Todo ese tipo de aspectos están reflejados en el presupuesto.
Si se quiere, podemos hablar de los términos de intercambio internacional, de qué va a pasar con los commodities en la bolsa de Chicago, en la perspectiva del año 2013, para saber lo que va a pasar. Pero este presupuesto también tiene implícito a 59.000 núcleos de agricultura familiar. Este presupuesto también le da a 145.000 agricultores y campesinos del NOA y del NEA la oportunidad de tener mayores auxilios dentro de una política agropecuaria destinada a ese sector, y encima es el sector que pone el alimento en la mesa de los argentinos todo el tiempo. Porque los argentinos no comen soja ni arroz, y menos madera. Los argentinos comen tomate, lechuga, choclo, maíz amarillo y ese tipo de cosas que plantan en el NEA estos 145.000 agricultores.
 
Ellos encuentran, en el marco de este presupuesto, la posibilidad de tener aportes jubilatorios, algo que parece un derecho universal y, sin embargo, 145.000 personas encontraron en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, con el aporte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Desarrollo Social, la oportunidad de tener sus aportes jubilatorios, una obra social para ellos y su familia, y eso es lo que está protegiendo el Estado nacional con el presupuesto.
Estas son las cosas que debe tener el Estado presente, en su mano solidaria. Por eso la discusión, porque ahí se plantearon dos escalones tan elevados que todo parece terminar en una discusión que se disocia.
 
Tenemos un planteo y, en realidad, el planteo de nuestra gente, de esa gente del NOA y del NEA, de los cordones urbanos, necesita una solución que va tomada de la mano del dinero en el bolsillo de la gente y no el dinero planteado en términos de reserva de intercambio o de paridad monetaria. De lo que estamos hablando es de la voluntad de la gente sobre cómo gastar y mejorar sus condiciones de vida.
Tendría que sintetizar muchas de las cosas que contiene este presupuesto, pero no me resulta fácil remarcar en poco tiempo una cantidad de cuestiones descolgadas del interés de la gente que necesita una mano del Estado. En el análisis que realiza el Estado nacional se tiene en cuenta a quien necesita ser incluido y cómo quitarle a los que tienen mucho para redistribuir entre los que no tienen nada. Esta es la línea de las políticas implementadas por este gobierno, en consonancia con el mandato popular que la ciudadanía renovó el año pasado. Por ende, este prepuesto es un cabal reflejo de esa línea política.
 
Por último, me voy a referir al tema del financiamiento. La utilización de las reservas que han sido contempladas en término de financiamiento para fortalecer el desarrollo de la Argentina, es una política que ha implementado y seguido el Banco de la Nación Argentina. Aquí me remito a una discusión que ya hemos mantenido en esta Honorable Cámara, porque guarda relación con la cuestión presupuestaria.
 
Al respecto, debo señalar que me resulta de pésimo gusto decir que alguien es cobarde o “cagón” –como me tildó algún diputado en una sesión-, sin tener la sensatez y el conocimiento sobre lo que se está tratando. La política monetaria del sistema financiero que aplica este gobierno apunta a financiar el movimiento productivo. Esto está en consonancia con las directivas que el gobierno nacional le imparte al Banco de la Nación Argentina.
 
¿Saben con cuánto cuenta la línea 400 del Banco Nación, que es la línea de financiamiento que se destina sólo a las pymes productivas? Con 17.500 millones de pesos que ya se han prestado a las pymes. Si me circunscribo sólo a lo que ocurre en mi provincia, Corrientes, debo señalar que el 80 por ciento de las empresas agropecuarias tomaron estos créditos.
 
Ello es así porque a la tasa de interés más baja del Banco Nación se le aplicó un subsidio del 7 por ciento a través de la Secretaría Pyme, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaria de Turismo, hoy Ministerio de Turismo ‑que continuará vigente en 2013-, a lo que hay que agregar que en algunas regiones del NOA y del NEA el Banco de la Nación Argentina dispuso un 1 por ciento adicional a ese subsidio, con lo cual la tasa para ese sector de desarrollo de la Argentina terminó siendo del 7 por ciento anual. Esto fue posible gracias a los subsidios dispuestos por el Estado nacional y a la política de financiamiento del Banco de la Nación Argentina.
 
Cuando surgen las quejas de que la línea presupuestaria del gobierno apunta a presionar a la banca privada para que siga el mismo camino, también aparecen aquellas voces que hablan de libertad, de financiamiento y de distribución.
 
Por otro lado, cabe señalar que desde la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central el crédito disponible en el sistema para las pymes creció un 250 por ciento. Esto demuestra que hay autoridad y voluntad política para cambiar las cosas y para que el sistema funcione como corresponde.
 
Esas son las cosas que refleja este presupuesto. Son cuestiones mucho más importantes que la discusión sobre el tema de las divisas. Creo que debemos analizar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el federalismo y el financiamiento desde el punto de vista de la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Para ello, debemos entender que los argentinos del norte y del sur son exactamente iguales a los que viven en el centro.

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