PJ repudia denuncia penal del Grupo Clarin contra periodistas

EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE CORRIENTES REPUDIA

DENUNCIA PENAL DEL GRUPO CLARIN CONTRA PERIODISTAS

“CRIMINALIZAR LA OPINIÓN ES VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

 

El Partido Justicialista de Corrientes expresa su repudio por la denuncia penal del grupo Clarín contra periodistas por expresar su opinión.

Ante el ataque a la libertad de expresión y el intento de intimidación que el grupo Clarín realiza con una denuncia a periodistas por “incitación a la violencia” y “coacción agravada”, expresamos:

· Repudiamos todo intento de criminalización de la libertad de expresión y de conciencia, rechazamos la denuncia penal contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Edgardo Mocca, Nora Veiras y Orlando Barone, por opinar a favor de la aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

· Ratificamos nuestra profunda confianza en los mecanismos democráticos y expresamos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe cumplirse sin excepciones ni privilegios.

· Consideramos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el mejor instrumento de la democracia en pos de la defensa de la libertad de expresión y de conciencia.

· Reiteramos nuestra oposición a la existencia de grupos mediáticos monopólicos y nos pronunciamos, una vez más, por la democratización de los medios y la pluralidad de voces.

· Expresamos nuestro orgullo por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de características inclusivas, federales y profundamente democráticas, que tendrá plena vigencia el próximo 7 de diciembre.

· Vemos con agrado que el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), asuma la defensa de los periodistas denunciados penalmente por el grupo Clarín y sumamos nuestra solidaridad y acompañamiento.

Nancy Sand                                                                            Fabián Ríos

Vicepresidenta                                                                             Presidente

Carlos Espínola

Secretario Gral

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Vista completa||Volver a mensajesEl municipio de Monte Caseros pidió a la Justicia la paralización del Proyecto Ayuí‏

EL MUNICIPIO DE MONTE CASEROS PIDIO A LA JUSTICIA LA PARALIZACION DEL PROYECTO AYUI

El Intendente Eduardo Galantini, en representación del Municipio de Monte Caseros, solicitó a la Justicia que dicte una prohibición de innovar, disponiéndose que el Estado de la Provincia de Corrientes se abstenga de aplicar la Ley 5974 de ordenamiento de bosques nativos en la zona del espinal, manteniendo en esa zona la prohibición de autorización de desmonte, y, en consecuencia, se ordene también el cese inmediato y la paralización de las obras del Proyecto Ayuí Grande.-



La presentación se formuló ante el Juzgado Civil de Mercedes, donde tramita un amparo promovido por la Fundación Reserva Iberá, la que pidió se declare inconstitucional la ley 5974 de ordenamiento territorial de bosques nativos sancionada por la legislatura correntina, lo que tiene directa incidencia sobre el Proyecto Ayuí porque la habilitación de éste se basa en que la zona donde se va a emplazar se clasificó como verde, para permitir el desmonte.

En ese juicio, el juez dispuso la publicación de edictos para que toda persona que pueda tener interés en el pleito se presente como tercero interesado. En ese carácter se presentó el Intendente Galantini, en cumplimiento de una Ordenanza dictada por el Concejo Deliberante de Monte Caseros, en el que se manifestó el “rechazo al megaproyecto que pretende represar el Arroyo Ayuí, con el consiguiente deterioro ambiental y el riesgo sanitario para las poblaciones, aguas abajo de la represa” y se dispuso arbitrar las medidas judiciales necesarias tendientes a salvaguardar la salud de la población.

El Concejo Deliberante tuvo en cuenta para el dictado de dicha Ordenanza que “las ciudades de la costa del Río Uruguay, y particularmente la nuestra, vienen sufriendo desde hace varios años, un creciente proceso de cambio en las características organolépticas del agua de consumo. Que este proceso, es debido a un fenómeno conocido como eutrofización, que puede ser definido como “la producción excesiva de materia orgánica en un cuerpo de agua debido a una gran abundancia de nutrientes. Que, la eutrofización cultural, artificial o antropogénica es causada por el vertido de efluentes domésticos, industriales y de la descarga de fertilizantes utilizados en la agricultura que aceleran el proceso. Que estos procesos se ponen en evidencia, fundamentalmente por la generación de floraciones de algas planctónicas y en particular de Cyanobacterias, así como por un incremento en el desarrollo de macrófitos acuáticas, flotantes y sumergidas. Que todo ello contribuye al deterioro de la calidad del agua que utilizamos para consumo, representando un grave problema ambiental y sanitario. Que indudablemente todos estos procesos se verán significativamente agravados por el vertido de inmensas cantidades de fertilizantes al Ayuí, Miriñay y, por último al Río Uruguay. Que, además de los perjuicios directos sobre nuestra población, el megaproyecto implica una desmedida agresión al medioambiente haciendo desaparecer un hábitat natural compuesto por el Arroyo Ayuí y sus bosques poblados de ingáes, timbós y aguaíes. Que sería la primera vez que un emprendimiento privado, en procura del beneficio de particulares, se apropiaría de un bien público de ésta dimensión…”

Vale recordar que el proyecto para represar el arroyo Ayuí Grande, pretende sepultar 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua del que dependen otros productores y eliminando valiosos bosques nativos. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de una gigantesca superficie de plantíos (unas 20.000 hectáreas bajo riego), y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay, pocos kilómetros aguas arriba de la ciudad de Monte Caseros) podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.



Por la incidencia directa que el megaproyecto tendrá sobre Monte Caseros, es que su representante legal –el Intendente Galantini- se presentó como tercero interesado solicitando la paralización de la obra, dando así cumplimiento a la obligación que le impone la Carta Orgánica de ese Municipio, de “Asegurar en todas sus formas el derecho de los habitantes a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y el paisaje mediante el uso racional de los recursos naturales”.-

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